Santiago, Chile.- Con incidentes protagonizados por decenas de manifestantes con el rostro cubierto terminó en la capital chilena una nueva y masiva marcha por la educación, convocada por el Colegio de Profesores.
Los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la policía militarizada de Carabineros se registraron al finalizar la marcha, que reunió a unas 10 mil personas, lo cual impidió la realización de un acto artístico al cierre de la protesta.
En el marco de los disturbios, Carabineros informó del decomiso de bombas molotov y granadas caseras, que estaban en una mochila abandonada por jóvenes que huyeron ante la presencia policial antes de que se iniciara la marcha.
Mientras se desarrollaba la movilización, un grupo de dirigentes del magisterio, encabezados por el presidente del gremio, Jaime Gajardo, fue recibido en el presidencial Palacio de La Moneda por el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwik.
Tras la cita, Gajardo informó que "nos van a mandar (el gobierno) el borrador del proyecto de ley a nuestra sede para que conozcamos las bases de lo que está pensando el Ejecutivo en desmunicipalización" de la enseñanza escolar, una de las demandas del gremio.
El timonel del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), senador Ignacio Walker, calificó por su parte de "insuficiente" el incremento de 350 millones de dólares contenido en la propuesta educacional entregada por el gobierno.
"Nosotros queremos valorar la disposición al diálogo por parte del gobierno, una disposición que no hemos visto en estos seis meses y queremos decir con mucha claridad, después de darle una primera revisión a esta propuesta, que es absolutamente insuficiente", dijo.
En torno al tema también se pronunció este viernes la 102 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, congregada en el centro de reuniones de la Iglesia Católica chilena en el balneario Punta de Tralca, en la cosa central del país.
En las conclusiones del cónclave, contenidas en el documento "Una Iglesia y un país que aprenden de su caminar", los obispos advirtieron que "no basta la inyección de recursos económicos ni mejorar la infraestructura o cambiar leyes".
