Por: Julio Faesler
Al iniciarse el último mes de campañas para la Presidencia de la República hay que reflexionar sobre el rumbo y las modalidades del desarrollo socioeconómico y político de nuestra sociedad en el próximo sexenio. La cultura del mexicano no tolera liderazgos unipersonales en el gobierno. Con la sola excepción de Porfirio Díaz, la historia ofrece más que suficientes pruebas de la fulminante eliminación de personajes que han dominado brevemente el escenario político. Por esto ahora no admitiría subyugarse a un régimen autoritario del estilo de los que vemos en algunos otros países, incluso en nuestra América Latina. Tampoco necesitamos de un caudillo-dictador para impulsar los cambios que el país requiere, mismos que bien podrán ir mucho más allá de las reformas estructurales pendientes. Hemos visto que en el pasado han sido aceptadas y asimiladas algunas reestructuraciones socioeconómicas bastante fundamentales. Tales virajes realizados con anuencia popular, a veces sólo tácita, fueron ocasionalmente de hondo calado. He aquí unos ejemplos: El reparto agrario ordenado en 1917, y realizado durante varios sexenios, y la nacionalización de la industria petrolera de 1938 respondieron a tesis socialistas practicadas entonces en otros países. Estas acciones contaron con el asentimiento popular de un país que es de temperamento profundamente conservador. La adhesión al GATT en 1986, que invirtió la estrategia de sustitución de importaciones que regía la relación gobierno-empresa fue otro paso trascendental. Con la firma del TLCAN el “modelo” de desarrollo emprendió una exagerada apertura de mercado que hoy se acentúa. Ante el drástico viraje, el sector industrial apenas si expresó una débil reacción. La comprobada docilidad de la ciudadanía invita a prever que, en los primeros días del próximo sexenio, cuando son más deseados y eficaces los golpes de timón, presenciásemos una serie de disposiciones, debidamente aprobadas por el flamante Congreso, que significasen transformaciones profundas socioeconómicas y políticas. Podría tratarse de nuevas fórmulas de explotación rural con capital privado, reformulación completa del sistema fiscal, auditorías detalladas a sindicatos, edades extendidas para el retiro, seguro de desempleo, creación de un sistema de polos integral, requisitos de mínimos de integración nacional para favorecer industrias, institucionalización del sistema escuela-industria o un impuesto ecológico generalizado. Cambios también para atender nuestras responsabilidades en un mundo globalizado, medidas de solidaridad financiera internacional y de participación en fuerzas de paz. Nuevas obligaciones en derechos humanos con precisión de sus respectivas obligaciones. La atención a las crisis internacionales y la intensa competencia entre países “emergentes” presentan exigencias muy marcadas sobre todos los gobiernos. México está bien preparado para hacer frente a ellas. Pero ya no nos podemos permitir más tolerancias como hasta ahora, ni como individuos ni como sociedad. Antes de depositar nuestro voto hay que reflexionar sobre la forma en que quien llegue a la Presidencia de la República ha de usar las amplias facultades de que tendrá que echar mano para modernizar y reestructurar algunos sectores críticos del país. No debemos dar tal poder al que esté demasiado atado a compromisos o lastres históricos de corrupción. Tampoco habrá que darle nuestro voto al que sabemos que por sus antecedentes tenderá a implantar modelos que choquen con nuestra idiosincrasia. Los grandes cambios que nos urgen harán posible seguir la ruta que al país más conviene en el siguiente sexenio. Esos cambios hay que encargárselos sólo a quien sepa realizarlos con sencillez, honestidad y valentía como lo acredita Josefina Vázquez Mota.
