MÉXICO, D.F.- En lo que va del año en los penales del país se han registrado 107 decesos de reos, y el 70% de los casos se registraron en dos penales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual dijo que es preocupante que en algunos centros penitenciarios haya negligencia en la preservación de las garantías de los internos.

El organismo nacional indicó que "el debido control de los centros penitenciarios es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano, a la que no pueden ni deben renunciar las autoridades públicas, porque impacta, de manera directa en la seguridad y en la procuración de justicia".

Detalló que "tan sólo en los primeros meses de este año, se tiene el registro de 75 fallecimientos en dos penales: 31 en el de Altamira, Tamaulipas, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León; el total de fallecimientos registrados hasta ahora es de 107".

Mientras que durante 2011 murieron en el país 171 reos en 49 incidentes como riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios.

Ante este escenario, el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, dijo que "es fundamental preservar los derechos humanos de las personas que se encuentran en algún centro de reclusión y se adopten las medidas necesarias para garantizar una estancia digna y segura en dichos espacios".

También destacó que resulta prioritaria la atención a las víctimas de los abusos del poder y del delito, por lo que el organismo supervisa el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario.

A partir de las visitas de verificación, destacó la CNDH en un comunicado, "es preocupante que en algunos centros penitenciarios del país haya casos de negligencia en la preservación de los derechos humanos, a pesar de las recomendaciones emitidas por el organismo, mismas que tienen la finalidad de hacer del conocimiento de las autoridades y de la sociedad los problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario, tan vinculados a la seguridad ciudadana".

Por ello, destacó que es "necesario que se intensifiquen las acciones orientadas a evitar que se cometan abusos en centros de reclusión y que se salvaguarden los derechos a la vida y a la dignidad".